"La ley de Recuperación de la Memoria se ha olvidado de los masones"

Lo vemos en El Correo de Andalucía, en un artículo que firma Juan Blanco y se titula: "La caza de brujas sevillana".

En provincias como Almería o Granada el archivo de expedientes está prácticamente íntegro. En Sevilla no. "Nos dicen que se perdió o se trasladó".  Tan sólo una docena de cajas, con 500 o 600 expedientes, constan a día de hoy en el Archivo Provincial de Sevilla de un total de "no menos de 7.000" sevillanos que fueron procesados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas desde 1939 hasta la década de los sesenta.

Una investigación en vigor trata ahora de dar forma a los datos existentes en las ocho provincias andaluzas. En Sevilla, el equipo encabezado por el profesor de la Universidad de Sevilla Leandro Álvarez Rey ha dado a conocer ya los primeros datos de un monográfico que verá la luz a final de año.  "Una impresionante y minuciosa caza de brujas". Así define el investigador el proceso de represión franquista iniciado tras la Guerra Civil con la ley de Responsabilidades Políticas y la ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Estas leyes tenían en común un rasgo: su carácter retroactivo. De esta manera, se estableció octubre de 1934 como momento de aplicación de la ley, precisamente la fecha en la que una coalición de izquierdas se alzó con el gobierno de la República. Esta "monstruosidad jurídica", en palabras del profesor Álvarez, provocaba que la ley no se parara "aunque el encausado hubiera fallecido". La responsabilidad recaía, pues, sobre los descendientes. Sin embargo, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo albergaba un elemento diferenciador: no contemplaba la pena de muerte, a pesar de la insistencia de Franco en que el castigo estuviera incluido. Sus asesores le obligaron a desistir por el carácter prestigioso de la institución masónica. "No iba a ser muy bien entendido fuera de España". A pesar de ello, al menos medio centenar de masones fueron fusilados al comienzo de la Guerra Civil. "En la inmensa mayoría de los casos", según Álvarez Rey, fueron asesinados "por su relevancia política o sindical o por la importancia de los cargos desempeñados". "Probablemente sus ejecutores desconocían el dato de que eran masones". Sevilla es uno de los lugares donde menos información original se conserva, pero aquí es donde el Boletín Oficial de la Provincia se convierte en herramienta esencial.  "Todos estos procesamientos tenían que ser publicados", aunque los datos relativos a los expedientados se limitan muchas veces al nombre, apellidos y su localidad de procedencia.  De estas 7.000 referencias, "varios centenares" corresponden a personas condenadas a penas de 12 años y un día de encarcelamiento. "No fueron tampoco escasos los condenados a penas de 16, 20, 25 y hasta 30 años". Pero la condena recaía sobre toda la familia. Como muchos de los inculpados habían sido ya fusilados, o bien lograron exiliarse de forma permanente, el pago de las penas correspondía a sus familiares. De entre los pocos expedientes recuperados hay alguno llamativo, como el de un falangista que recibió la notificación de una multa por el procesamiento de su padre: "Respondió diciendo que la multa la pagara su hermano, que para eso era rojo". Las sanciones por responsabilidad política iban desde el destierro hasta la inhabilitación absoluta o parcial o la multa, penas que podían verse reducidas a través de la delación. "La inmensa mayoría de los masones se negaron a delatar a sus compañeros o hermanos". Ahora la reparación material se antoja imposible, puesto que los delitos han prescrito. La moral, tampoco: "La ley de Recuperación de la Memoria se ha olvidado de los masones".